En Argentina, el fuero laboral se ha convertido en el espacio donde confluyen los grandes desafíos estructurales del mundo del trabajo: relaciones no registradas, precarización, fallas en la conciliación temprana y una elevada tasa de judicialización. A pesar de sucesivas reformas normativas que buscaron modernizar el sistema y reducir los conflictos, los niveles de litigiosidad no solo persisten, sino que muestran una tendencia sostenida en el tiempo.
Esta situación no es meramente estadística: refleja un modelo de relaciones laborales tensionado, con escasa capacidad de prevención y resolución temprana de disputas lo cual confluye en un sistema judicial sobrecargado que, en muchos casos, se transforma en el único camino para conciliar derechos entre empleadores y trabajadores.
Reformas laborales: intenciones y obstáculos
Las reformas impulsadas en los últimos años —como el DNU 70/2023 y el proyecto de Ley de Bases— buscaron modernizar el régimen laboral mediante herramientas que faciliten la contratación, incentiven el empleo formal y reduzcan la litigiosidad. En esa línea, se propusieron medidas como la ampliación del período de prueba, topes a las indemnizaciones y beneficios fiscales para los empleadores.
Sin embargo, la falta de consenso político y social, sumado a la superposición normativa, generó un escenario de incertidumbre jurídica que ha contribuido a mantener e incluso aumentar los niveles de litigiosidad a lo largo del tiempo. A continuación un gráfico que representa esta problemática a lo largo del tiempo:
Informalidad: raíz estructural de la litigiosidad
Uno de los factores más relevantes detrás de la conflictividad laboral es la persistencia de altos niveles de informalidad. Se estima que casi la mitad de los trabajadores argentinos se desempeña sin estar debidamente registrado, lo cual implica la ausencia de aportes previsionales, cobertura médica, protección frente al despido y otros derechos fundamentales.
Aunque el referido problema es multicausal, hay factores que lo favorecen especialmente. Entre ellos: el alto costo fiscal del empleo formal, la falta de incentivos reales para la registración y un sistema de planes sociales que, en ciertos casos, desincentiva la incorporación al trabajo legal..
Al respecto, la Ley de Contrato de Trabajo (N.º 20.744), en su artículo 52, establece la obligación del empleador de documentar correctamente la relación laboral. Su incumplimiento habilita al trabajador a reclamar judicialmente una serie de sanciones e indemnizaciones adicionales. Sin instancias intermedias eficaces de resolución, este mecanismo alimenta la litigiosidad.
El camino judicial como norma, no como excepción
En tal escenario, lo cierto es que la vía judicial que en principio debería ser subsidiaria, se ha vuelto la estrategia principal —y muchas veces, la única— para obtener reparación frente a un despido, accidente o falta de registración. Esto se debe, en parte, a que las indemnizaciones obtenidas en juicio suelen ser considerablemente superiores a las que se logran en instancias extrajudiciales, producto de intereses, actualizaciones y costas.
Sumado a ello, muchos trabajadores optan por no utilizar instancias administrativas como el Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (SECLO) o las Comisiones Médicas, por considerarlas ineficaces o poco neutrales. Así, la vía judicial termina convirtiéndose en la estrategia más directa para el ejercicio de los derechos laborales.
Al respecto, en la provincia de Córdoba distintos relevamientos dan cuenta de decenas de juicios laborales iniciados por día hábil, los cuales se encuentran vinculados en su mayoría, con relaciones laborales no registradas, reclamos indemnizatorios y cobertura frente a accidentes de trabajo.
Tal parámetro, revela un sistema que no logra prevenir ni resolver tempranamente los conflictos laborales, y que termina trasladando el peso de sus deficiencias a la instancia judicial. La sobrecarga del fuero del trabajo, unida a procesos lentos y a menudo costosos, contribuye a profundizar el problema.
Un camino hacia el equilibrio
Es dable concluir que la litigiosidad laboral en Argentina no es únicamente un problema legal, sino el reflejo de un modelo de relaciones laborales que aún no logra conciliar derechos, competitividad y seguridad jurídica. Para que una reforma sea sostenible, no puede estar centrada solo en la norma, sino en un cambio cultural que promueva la formalidad, el respeto mutuo entre las partes y el cumplimiento efectivo de la ley.
Es fundamental avanzar en políticas que promuevan la registración del trabajo sin penalizar de manera excesiva a quienes inician el proceso de formalización. A la vez, es necesario modernizar las herramientas administrativas, garantizando mecanismos de conciliación más ágiles, transparentes y eficaces.
¿Podemos avanzar hacia un modelo donde el cumplimiento de la ley no dependa del litigio, sino del diálogo y la confianza? Ese es el desafío. Y su superación depende tanto del diseño institucional como del compromiso colectivo con un mundo del trabajo más justo, transparente y previsible.
Cabe destacar que la temática abordada en este artículo fue motivo de desarrollo en una entrevista al Dr. Roger Agustín Aguad al aire por Cadena 3, donde se profundizó el diagnóstico actual y los desafíos de una eventual reforma del sistema laboral argentino.
