Palacio de Justicia de la Ciudad de Córdoba

Potestad del abogado como tercero interesado en el pleito en caso en que cesó su intervención.

En fallo pronunciado por Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 8ª Nominación, con asiento en la Ciudad de Córdoba, AUTO NUMERO: 35 de fecha 26/02/2019 en autos caratulados: DEL CAMPO EMILIANO C/ BOLLADA ALEJANDRA BEATRIZ-ORDINARIO- ESCRITURACION-CUERPO, Expte. N° 7111136, se analiza en profundidad la potestad del letrado que actúa como tercero interesado, luego del cese de  su intervención como apoderado de la parte actora y, que como tal, en ejercicio de su propio derecho, peticionó el pase de los autos a estudio para dictado de sentencia definitiva.

El marco teórico está dado por el art. 18 de la ley 9459 -Código Arancelario para Abogados de la Provincia de Córdoba- el que dispone “En los casos de cambio de patrocinio o representación, el profesional podrá actuar como tercero interesado en protección de sus derechos en expectativa a la regulación -si no la hubiere solicitado- o la regulación adicional a la que tenga derecho de acuerdo al resultado del pleito. En la cesión de bienes o derechos litigiosos, el cesionario responde solidariamente con el cedente por los honorarios devengados en el juicio que estuvieren a cargo de éste, hasta el momento de la cesión. La norma también es aplicable a los honorarios de peritos”.

A su vez el art. 432 inc. 1° del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que, se trata de terceros interesados voluntarios adhesivos simples, a los que el ordenamiento jurídico procesal les otorga facultades y derechos similares que a las partes principales del proceso.

No obstante que, los preceptos legales otorgan facultades y derechos similares que a las partes principales del proceso, se entendió que dicha actuación no tiene alcance ilimitado, por lo que se impone en esta oportunidad determinar el alcance de la disposición, el cual dependerá de la naturaleza y características del interés para cuya tutela interviene el tercero. Esto deriva en que no en cualquier situación en que se encuentren frente al litigio principal, quedarán equiparados a las partes principales y dotados de idénticas atribuciones que ellas. En definitiva, se trata de dilucidar si también puede impulsar la causa para hacerla avanzar hacia la siguiente etapa procesal, con miras a lograr la sentencia.

Acerca del particular, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba tiene dicho que “En el supuesto especial del abogado apartado del pleito, somos de opinión que sus prerrogativas están limitadas por el poder de disposición que la parte principal mantiene tanto sobre sus derechos cuanto sobre el proceso que se ventila en torno de ellos, cuyo ejercicio por acción u omisión no podría ser contrarrestado por el letrado, quien al contrario deberá soportar los efectos que deriven de tales disposiciones” (A.I. N° 211 del 04.11.02 en “Filloy Germán Héctor c/ Eduardo Oscar Pinto -Ejecutivo – Recurso de Casación”).

En el caso que nos ocupa, se interpretó que, el impulso procesal de la causa (peticionar el pase a despacho para el dictado de la sentencia) es una facultad privativa de quienes disponen de la litis y se encuentran ejerciendo derechos que le son exclusivos y propios que no pueden ser ejercidos por un tercero. Si bien no  se desconoce que, el letrado apartado del pleito tiene interés en la finalización del pleito (lo cual justifica su legitimación para el acuse de caducidad), no puede subrogarse en lo que es materia solo disponible para las partes principales; a tal punto esto es así que no le será posible –por ejemplo- oponerse al allanamiento o al desistimiento de su ex patrocinado, pues esto implicaría poner un valladar al ejercicio de un derecho de otro y que no le es propio.

En idéntico modo se pronunció la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 5ª Nominación, al expresar que: “Admitir estas facultades de impulso de la causa principal o las oposiciones mencionadas importaría acordar al abogado apartado más derechos que los que tendría de haber continuado con su patrocinio. Basta reparar que en este último supuesto (la vigencia del patrocinio) estaría obligado a seguir las instrucciones de su comitente si éste deseara allanarse o desistir o transar o paralizar el pleito; y así lo instruyera, en tal sentido. Si no puede oponerse cuando está vigente el patrocinio, mal podría acordársele el uso de derechos que no le son propios, por el solo hecho de haber sido apartado del pleito. En esta delgada línea aparece la diferenciación que, a nuestro entender, destierra la argumentación expuesta por el apelante. Es que, a partir de los distintos fallos reseñados, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, como máximo intérprete de las normas procesales, se ha enrolado con toda claridad en la que el Dr. Sergio Ferrer denomina “tesis de la legitimación subordinada” o restringida en contraposición a la de “equiparación de facultades” o amplia (Ferrer, Sergio Enrique, “La intervención del abogado como tercero en el proceso o la ‘Cenicienta’ sin hada madrina (el otro punto de vista)”, SJ, t. 79-1998-B, p. 678). En este orden de ideas, y bajo tal visión, no es lo mismo que el letrado aproveche una herramienta procesal para que el proceso finalice (como la perención de instancia) a que, contrariamente a la propia naturaleza de su intervención, intente impulsar el proceso para hacerlo avanzar hacia una nueva etapa, forzando a las partes a continuar con el ejercicio de derechos que son de su exclusiva propiedad y que han decidido utilizarlos de otra manera. El interés jurídico que se defiende en el primer caso es sin dudas suficiente y razonable por cuanto importa cerrar anticipadamente el proceso; mas no en el segundo caso, donde resulta ser remoto y ajeno, al implicar la disposición del objeto litigioso que pertenece en exclusiva propiedad a las partes. La delimitación de las facultades que debe ostentar el abogado apartado del juicio, debe tener su pivote justamente en el interés que le pertenece a quien pretende intervenir” (A.I. 344, dictado el 19/12/2016, en autos “Cervelli José Alejandro c/ Vagni Bacilio – Ordinario – Cumplimiento/Resolución de Contrato – Expte. N° 509489/36”

La doctrina judicial reseñada coloca al abogado que cesó en su intervención, como un invitado de piedra, que no tiene facultades para realizar actos procesales que impliquen avanzar con el proceso hacia la sentencia, pero si le reconoce atributos para peticionar la caducidad de la instancia, entendiendo, curiosamente, que esta potestad no representa un acto de disposición del derecho de las partes principales del proceso.

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